La presidenta del DIF nacional, Ana Rosa Payán, pidió a los Congresos locales tipificar la explotación sexual de menores, violencia y el abuso infantil, así como la violencia familiar, como delito grave.
Para ello, propuso crear la Procuraduría del Menor y la Familia para que esas políticas pueden rendir frutos en beneficio de los infantes y las familias.
Actualmente, sólo Baja California, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo castigan con penas graves la explotación sexual infantil; en el resto de las entidades federativas, se considera sólo como faltas a la moral.
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